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lunes, 16 de marzo de 2015

Los profesionales sanitarios advierten que los recortes perjudican seriamente la salud

Colapso. Saturación. Esperas. Malestar. Insatisfacción. Reclamaciones. Desborde. Quejas...
Éstos son algunos de los términos más empleados en los últimos meses para construir cualquier titular periodístico relacionado con la sanidad en la comunidad andaluza.
¿De qué estamos hablando?
De recortes que han afectado al cierre de camas y quirófanos, precarización laboral de los trabajadores sanitarios, colapso de las áreas de Urgencias, listas de espera de atención especializada kilométricas, centros hospitalarios construidos desde hace años sin funcionamiento, reformas y promesas de otros tantos que nunca se llevan a cabo...en definitiva, una asistencia sanitaria deficitaria, con un impacto negativo sobre la salud de la población.
En unas pocas líneas poco se puede decir sobre tanto. Las cifras hablan por sí solas: 978 euros/habitante destinados a gasto sanitario; 1.96 camas/1000 habitantes, una de las proporciones más bajas de todo el país; desde 2008, el Servicio Andaluz de Salud ha perdido más de 7000 trabajadores con contrato fijo, en parte por la ampliación del horario de los trabajadores a 37.5 horas semanales por imposición del Gobierno Central, y ha mantenido contratos eventuales al 75% del horario laboral estipulado; la Junta ha admitido tener una deuda de más de 800 millones de euros con sus proveedores; y, en cuanto a la calidad asistencial, los andaluces son de los que peor valoración dan a su sanidad (en concreto, el servicio de Urgencias es el que peor valoración recibe, un 5.78/10).
Como ejemplo, me gustaría mostrar, desde mi humilde visión, algo en relación al reflejo que estas cifras tienen en la realidad, a través de la situación actual en las Urgencias intrahospitalarias, por ser el ámbito que, por suerte o por desgracia, me ha tocado vivir en primera persona.
Soy médico interno residente (MIR) en primer año de formación, que, después de haber cursado una carrera universitaria de seis años de duración, en la que el aprendizaje práctico es una mera anécdota y donde, hasta hace pocos años, no existía formación específica obligatoria sobre asistencia en urgencias y emergencias (Modelo Tipo de Plan de estudios de Licenciatura de Medicina antiguo y Modelo Tipo de Plan de estudios del actual Grado de Medicina). A este largo recorrido le siguió otro año más de preparación del examen MIR, en el que, por suerte, conseguí la plaza que ansiaba.
Y, en junio, tras una única jornada de ocho horas escasas de tutorización básica sobre manejo del programa informático y burocratización... comencé las temidas guardias en Urgencias.
Urgencias del Hospital Reina Sofía (Córdoba)

Eramos hasta seis residentes de primer año y un residente de segundo año atendiendo las consultas polivalentes, donde podíamos recibir pacientes de alta complejidad, para los que, a todas luces, no estábamos lo suficientemente preparados para atender, y donde contábamos con varios adjuntos que , al mismo tiempo que atendían los casos más banales, nos asesoraban (hasta las nueve de la noche los días laborables y hasta las tres del mediodía los días festivos; fuera de este horario, únicamente eran dos o tres adjuntos los que estaban disponibles), pero casi en ningún momento bajo tutorización directa, contraviniendo el Real Decreto, aunque también hay que mencionar que existen hospitales en los que sí se cumple la normativa.
La organización del resto de los profesionales sanitarios también dejaba que desear... personal de enfermería y auxiliares compartidos para varias consultas o celadores ausentes porque no terminaban de trasladar pacientes.
¿Y qué resultado tiene todo esto? Tiempos de espera intolerables, presión asistencial insoportable, saturación de salas de espera y de observación, pérdida de calidad en la asistencia con multitud de quejas por parte de los usuarios, e, incluso, trágicas consecuencias de las que se han hecho eco en la prensa.

Si bien es cierto que, en enero de 2015 se ha aprobado un nuevo Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias para subsanar estos problemas, desde distintos colectivos, como el CSIF, los propios residentes, o los defensores del pueblo, se posicionan en contra de las nuevas medidas, ya que, a pesar de que, teóricamente, pueda tratarse de medidas adecuadas, se ha recortado en la dotación de personal apropiada y la adecuación de las instalaciones en concordancia a lo propuesto, todo ello por la falta de coordinación en las labores de gestión y administración sanitaria, la escasa inversión en formación continuada de los profesionales o la falta de una actitud más activa por parte de los líderes políticos. Estos se escudan en la crisis de 2008 para justificar la decadencia del sistema, pero, realmente, ¿es la crisis la causante del deterioro de los servicios sanitarios andaluces? o, más bien, ¿es la crisis la que ha puesto de manifiesto la necesidad de un cambio en una sanidad andaluza ya deficitaria anteriormente?


R. Ortiz González-Serna

sábado, 7 de marzo de 2015

Enfermedades...¿Raras o Caras?

Las enfermedades raras son aquéllas con baja incidencia en la población. Para cumplir su criterio, debe afectar a menos de cinco personas por cada 10.000 habitantes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) existen, al menos, 7.000 patologías de este tipo, que afectan al 7% de la población mundial, de los que, en España, se ven afectadas tres millones de personas. Sin embargo, las cifras se diluyen al considerar cada enfermedad de forma aislada. Pero se sospecha que existen muchos más afectados, por el problema del infradiagnóstico que existe en torno a ellas, y el prolongado tiempo promedio en recibir un diagnóstico certero, que alcanza, en muchas ocasiones, los 10 años, no habiendo recibido un correcto tratamiento durante ese tiempo, con el agravamiento de la situación que de ello se deriva (el 65% de estas enfermedades son graves, crónicas e invalidantes). Los costes destinados a la correcta atención a estos pacientes suponen un 20% de los ingresos anuales de las familias afectadas, que se destinan a gasto farmacéutico, ortopedia, ayudas técnicas, transporte, asistencia personal y adaptación de viviendas. De ellos, un 70% poseen certificado de discapacidad, de los cuales uno de cada cinco están satisfechos con el grado económico que se les ha reconocido, habiendo recibido únicamente uno de cada tres de estos últimos dicha prestación económica.

Entre 2009 y 2013 se realizó e implementó el Plan Estratégico para Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud (SNS) en España, en el que se detallaba la importancia de estas patologías a nivel de Salud Pública, y donde se establecían varias líneas estratégicas, en relación a: la información sobre las mismas (iniciativas de difusión de información y orientación a nivel de la población general), la prevención y detección precoz (creación de registros, vigilancia epidemiológica, promoción de la salud, mejora de los sistemas de diagnóstico, programas de seguimiento, consejo genético, cribados, etc.) la atención terapéutica y médica (coordinación de atención primaria y especializada, guías asistenciales específicas, rehabilitación),la atención sociosanitaria, la investigación y la formación; así mismo, recomendaba el seguimiento y evaluación de la consecución de estos objetivos.
Sin embargo, las cifras no mienten. A pesar del esfuerzo teórico por las autoridades competentes, la situación real es muy distinta. El pasado sábado 28 de febrero se celebró el Día Mundial de las Enfermedades Raras, y, desde la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), se ha emitido un informe que pone de manifiesto la gran cantidad de carencias sociales y económicas que sufre este colectivo. Por ejemplo, señalan que, actualmente, hay 81 fármacos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para estas dolencias, y que, en España, solamente 47 de ellos se encuentran comercializados. Achacan esta inaccesibilidad a los tratamientos a los retrasos existentes en las decisiones sobre financiación y precio. Por parte del Ministerio de Sanidad se asegura que debería revisarse caso por caso, ya que depende en muchos casos de la solicitud de comercialización de los laboratorios. FEDER también denuncia que la gran cantidad de agencias y comités hospitalarios que evalúan estos medicamentos establecen criterios dispares de acceso, estableciendo importantes trabas que hacen que exista una demora de entre dos semanas y dos años en autorizarse el comienzo de un tratamiento, además del hecho de que existe una gran falta de coordinación entre las comunidades autónomas para la derivación de pacientes a los centros expertos en cada caso. Esta situación sumada a que existen muy pocas iniciativas científicas de investigación (se estima que sólo en el 10% de estas enfermedades hay un conocimiento científico mínimo) resalta el enorme desinterés político, social y económico. Por ello, es el propio entorno de los pacientes el que decide impulsar iniciativas sociales para recaudar fondos destinados a investigación y tratamiento, desde carreras populares hasta recogida de tapones de plástico.


No cabe duda de que estamos ante un colectivo tremendamente desfavorecido, desde cualquier ámbito que consideremos. Es necesario que, en este marco, los Planes Estratégicos se dirijan a garantizar la equidad en el acceso a los tratamientos, en la atención sociosanitaria y en sus derechos sociales básicos, destinando presupuestos suficientes y respetando los acuerdos que se lleven a cabo a nivel político.   




R. Ortiz González-Serna