La
crisis financiera global de los últimos años ha afectado a Grecia
en mayor medida que al resto de países. Desde 2009 vio incrementada
su deuda pública desde un 3.4% a un 12.7%; en 2010 sufrió su primer
rescate comunitario y, tan sólo dos años más tarde, necesitó un
segundo rescate. Hoy, ya en 2015, la deuda pública griega asciende
al 185% del PIB.
Desde
la Unión Europea (UE), se les han impuesto duras medidas y recortes
presupuestarios cuyos efectos sobre la sociedad han sido más que
devastadores: más del 27% de la población adulta está en paro, un
35.7% se considera población
en riesgo de exclusión, y, en el ámbito político, comienzan a
emerger formaciones políticas de extrema izquierda e incluso de
ultraderecha, que contribuyen a enrarecer la situación social y
política del país.
Dentro
de las medidas impuestas, y ante el colapso de la sanidad (deuda
hospitalaria astronómica a proveedores, desabastecimiento
farmacéutico, y sobresaturación de los servicios de salud) en 2014,
el Parlamento griego aprobó la
ley que reformaba su sistema sanitario, cuyo principal objetivo
establecía la sustitución del sistema de policlínicas
especializadas por una red más centrada en la atención primaria.
Según datos del Ministerio de Sanidad, de los más de 72.000 médicos
griegos (1 por cada 145 ciudadanos), únicamente el 3.5% son médicos
generales, frente a la media europea de hasta un 10% de médicos de
cabecera. Para mejorar este punto, pretendían fortalecer la
plantilla de médicos a través de médicos internistas y pediatras.
Uno de los puntos más controvertidos de esta ley es el que modifica
por completo al Organismo Nacional de Atención Médica (EOPYY), que
pasa de ser el prestador de servicios médicos a comprador de éstos,
pues su única función será la de contratar médicos ajenos al
sistema, o clínicas privadas donde derivar a pacientes que el
sistema público no pueda atender. Cerca de 6.000 facultativos que
antes trabajaban con contratos de media jornada en las policlínicas
pasan al cupo de reserva laboral, recibiendo el 75% de su sueldo
durante un máximo de 8 meses, al final de los cuales, habrán sido
asignados a otro puesto o despedidos.
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| Una de las policlínicas clausuradas |
No
nos engañemos, ésto es un paso hacia la privatización de la
sanidad pública griega, donde el EOPYY se convierte en una
aseguradora, que compra los servicios, en nombre del asegurado, a
proveedores ajenos para ofrecer atención primaria y especializada. La ley de 2014 no es más que el culmen de una serie de medidas asfixiantes para la sanidad pública: el gasto sanitario total se redujo al 6% del PIB, y
el gasto farmacéutico cayó a menos de la mitad, instaurándose el copago farmacéutico. Los hospitales
públicos se ven saturados ante la demanda de la población y están
desabastecidos de recursos (contaron con una reducción del 25% de su
presupuesto). Los indicadores de salud están experimentando un
deterioro importante, y han resurgido enfermedades infecciosas
previamente controladas, como la malaria; el VIH ha experimentado un
aumento en su incidencia en la población adicta a la drogadicción,
así como la tuberculosis. De forma paralela, aumentan los casos de
enfermedades psiquiátricas y los problemas sociales asociados a la
situación de pobreza.
A
pesar de que, a priori, pudiera parecer que el planteamiento teórico
de la reforma avanza de forma positiva, al centrar sus esfuerzos en
la creación de una red que fortalece la atención primaria, la forma
de gestionar estos cambios está destruyendo la sanidad pública del
país. Desde entonces, vienen convocándose huelgas y protestas
multitudinarias desde todos los sectores afectados, especialmente el
personal sanitario.
Por
otro lado, esta reforma no propone soluciones para los más de 3
millones de ciudadanos (el 30% de la población), que han quedado
sin
cobertura médica por estar en situación de paro o deuda con la
Seguridad Social durante más de un año. Para paliar esta situación,
el Gobierno emite vales sanitarios para ciertos colectivos
(discapacitados o familias con pocos ingresos), pero no son
suficientes, por lo que, desde las administraciones locales, la
Iglesia Ortodoxa Griega, junto a numerosos voluntarios y
Organizaciones no Gubernamentales (ONG's) como Médicos del Mundo,
están creando “centros de solidaridad” autogestionados, o
“kifas”, donde se proporcionan los servicios sanitarios y
medicamentos básicos de forma gratuita. Un ejemplo es la Clínica
Comunitaria Metropolitana de Helliniko en Atenas, fundada en
2011. Desde su apertura, ha atendido a más de 4400 pacientes, entre
ellos más de 300 menores de 3 años, y 126 enfermos oncológicos que
recibían quimioterapia en coordinación con un hospital público,
del que sus trabajadores son voluntarios y prestan sus servicios en
estas “kifas” de forma gratuita. Su cofundador, Christos
Sideris, plantea así el espíritu de Helliniko:
“Aplicamos
tres reglas básicas: no aceptamos dinero de nadie, no estamos
adscritos a ningún partido político y no hacemos publicidad para
nadie que nos ofrece ayuda. Solo aceptamos dinero de nuestros propios
voluntarios, que en estos momentos son 250. Estos voluntarios
recolectan dinero y lo entregan a la clínica. El consistorio local
también nos ayuda. Todos los medicamentos que utilizamos son
donados. Existen más de 40 clínicas comunitarias y farmacias como
la nuestra en toda Grecia. No pueden resolver el problema, solo
estamos aquí porque existe una necesidad. No podemos ni queremos
suplantar un sistema público de sanidad.”
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| Clínica Comunitaria Metropolitana de Helliniko (Región de Ática, Grecia) |
Grecia
está en ruinas. Pero sus ciudadanos se rebelan contra esta
situación, y, ante la desesperación y el abandono que sufren,
responden con un grito de esperanza: economía cooperativa, redes de
solidaridad y prácticas alrededor de los bienes comunes como vía de
escape para una condena en vida.
R.
Ortiz González-Serna
